ONU Mujeres recibirá 275.000 euros destinados a impulsar el sistema de cuidados y avanzar así en el logro del ODS 5 sobre Igualdad de género de la Agenda 2030 en el mundo
Madrid, 16 de diciembre 2025.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, transferir casi un millón de euros (975.000 €) a dos entidades de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos. El Gobierno reafirma así su compromiso con un desarrollo sostenible en el que los derechos humanos y la justicia social sean centrales tras el Día Internacional por los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre.
En concreto, Derechos Sociales va a movilizar 700.000 euros para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que estarán destinados a apoyar los trabajos de este organismo para impulsar un modelo económico más justo y alineado con los derechos humanos, así como a fomentar la promoción de mejoras regulatorias que garanticen el respeto efectivo de los derechos humanos por parte del sector empresarial.
Otros 275.000 euros irán destinados a ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Este importe se destinará a reforzar su trabajo en el desarrollo de sistemas de cuidados en América Latina y el Caribe, contribuyendo a visibilizar y revalorizar socialmente un trabajo esencial, generalmente invisibilizado y realizado mayoritariamente por mujeres, contribuyendo así a economías del bienestar más inclusivas.
La contribución económica permitirá, además, reforzar las políticas públicas en materia de cuidados, y la generación de conocimiento en esta materia, así como posibilitar intercambios de experiencias entre países de América Latina y España en este ámbito.
Derechos Sociales subraya que esta inversión responde a la necesidad de consolidar políticas públicas que sitúen a las personas en el centro de la acción institucional, en un contexto internacional marcado por crecientes desafíos y por el cuestionamiento de la centralidad de la agenda de derechos humanos y del desarrollo sostenible, que convierten en más necesaria que nunca una respuesta firme y coordinada en favor de la justicia social, la igualdad y la dignidad de todas las personas.