Consumo

En estas situaciones se prohíben los incrementos de precios, y estos no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar en un 50% al promedio de esos 30 días

Con esta medida se busca proteger a las personas consumidoras ante los abusos que se han denunciado recientemente en este tipo de situaciones, como las ocurridas tras el accidente de tren en Córdoba, los incendios del pasado verano o la DANA de Valencia

El artículo 4 del Real Decreto-ley prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio

Consumo ya prohibió, a través del Real Decreto-ley de la Dana, las subidas de precio abusivas en los precios personalizados en aquellas situaciones que puedan ser calificadas como emergencia de protección civil, en los términos regulados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. La nueva regulación ampliará esta protección a otras situaciones

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, envió el pasado 29 de diciembre una carta a los principales portales inmobiliarios y asociaciones de inmobiliarias en la que los informaba de los cambios legales y advertía de que su incumplimiento podría ser considerado una “práctica desleal por engañosa”

Hasta ahora la Ley de Vivienda obligaba a dar esta información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma obliga también a que figure en los anuncios

Esta publicidad se considera ilícita según el artículo 4 del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre

Se ha enviado un primer requerimiento a  las plataformas y se les ha instado a la inmediata retirada o bloqueo en España de los anuncios identificados. Si no lo hacen, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio

La norma se aplicará también en los centros públicos y privados que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales, como pueden ser centros sanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores

El real decreto limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en centros con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil

• La sanción se ha considerado grave y deviene firme tras la resolución del recurso administrativo de alzada resuelto por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

Madrid, 15 de diciembre 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha sancionado con 64 millones de euros (64.055.311 €) a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

La norma pone fin a las llamadas comerciales no deseadas, a los gastos de gestión ocultos o a las renovaciones de suscripciones automáticas, y establece el derecho a una atención gratuita y personalizada

Bustinduy: “Esta ley otorga más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las grandes empresas”

El RD de Alimentación Saludable de Hospitales y Residencias fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos

El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%)

Hospitales, residencias y centros de día ofrecerán menús con una oferta variada y tendrán que adaptarse a las necesidades individuales de las personas usuarias

El 80% de la oferta deberá consistir en productos saludables como agua, leche, fruta, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos, panes y sandwiches integrales, yogures sin azúcares, entre otros

La medida beneficiará a las personas usuarias de todos los hospitales y residencias tanto públicos como privados, así como de otros centros públicos que estarán bajo el paraguas de la normativa que prepara Consumo

Se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones que ofrezcan agua potable de forma gratuita