Consumo

• La sanción se ha considerado grave y deviene firme tras la resolución del recurso administrativo de alzada resuelto por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

Madrid, 15 de diciembre 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha sancionado con 64 millones de euros (64.055.311 €) a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

La norma pone fin a las llamadas comerciales no deseadas, a los gastos de gestión ocultos o a las renovaciones de suscripciones automáticas, y establece el derecho a una atención gratuita y personalizada

Bustinduy: “Esta ley otorga más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las grandes empresas”

El RD de Alimentación Saludable de Hospitales y Residencias fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos

El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%)

Hospitales, residencias y centros de día ofrecerán menús con una oferta variada y tendrán que adaptarse a las necesidades individuales de las personas usuarias

El 80% de la oferta deberá consistir en productos saludables como agua, leche, fruta, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos, panes y sandwiches integrales, yogures sin azúcares, entre otros

La medida beneficiará a las personas usuarias de todos los hospitales y residencias tanto públicos como privados, así como de otros centros públicos que estarán bajo el paraguas de la normativa que prepara Consumo

Se favorecerá el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones que ofrezcan agua potable de forma gratuita

• El departamento que dirige Bustinduy sancionó por un total de 350.000 euros a siete grandes empresas por subir el precio de los productos para luego rebajarlos a su precio original 
• Consumo ha puesto en marcha para este Black Friday la mayor campaña de monitorización y vigilancia para evitar fraudes a los consumidores 

Madrid, 28 de noviembre 2025.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunció hace unos días que

Los ultraprocesados también quedarán excluidos de la sección de platos y menús infantiles en las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros

La normativa seguirá la estela del Real Decreto de Comedores Escolares aprobado en abril de este año, mediante el que se garantizó que las comidas en colegios e institutos cumplieran con las recomendaciones de los organismos internacionales de salud

Bustinduy: “El consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”

El departamento que dirige Bustinduy ya ha sancionado con 350.000 euros y la prohibición de reiterar estas prácticas a siete grandes empresas por rebajas engañosas durante la anterior edición de Black Friday

Pablo Bustinduy: “Ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de los derechos de las personas consumidoras”

La norma pone fin a las llamadas comerciales no deseadas, a los gastos de gestión en tickets o billetes  que aparecen al final del pago y a las renovaciones de suscripciones automáticas

La ley obligará a la transparencia de algoritmos en la publicidad y precios personalizados. Además, establece el derecho a ser atendido de forma gratuita y personal. Ahora la norma irá al Senado y después volverá al Congreso para su aprobación definitiva

Bustinduy: “Esta ley dará más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las empresas”

Las aerolíneas objeto de esta iniciativa tendrán que evitar imágenes y términos confusos o engañosos, proporcionar información clara relacionada con las emisiones de CO2 de sus vuelos y sustentar científicamente cualquier dato ambiental

Estas prácticas, de constatarse, supondrían infracciones del artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros